Prácticas como la fecundación in vitro o la inseminación artificial son cada vez más habituales en parejas o mujeres que no pueden concebir de manera natural. Están totalmente reguladas y controladas a nivel legislativo y han ganado mucho protagonismo en los últimos años, ya que se está tumbando el tabú que las rodeaba.
Esto no quita que hayan aparecido iniciativas fraudulentas –aunque muy residuales– relacionadas con la compra de semen por internet y la autoinseminación casera. Por supuesto, se trata de un proceso al margen de la legalidad y, por lo tanto, que escapa a cualquier regulación, lo que conlleva múltiples peligros.
El primero y más evidente es que la inseminación debe ser realizada por un profesional y en un entorno seguro y la muestra debe haber pasado determinados controles de calidad. En este tipo de transacciones en la red no se analiza el semen para comprobar si existe riesgo de transmisión de enfermedades sexuales o genéticas.
Por otro lado, tampoco se preservan el anonimato y la privacidad del donante, dos requisitos imprescindibles y recogidos por ley. El acuerdo no puede establecerse entre dos particulares con una transacción económica de por medio: siempre debe intervenir un centro autorizado.
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